Hablando Claro Con Vilma Ibarra

La seguridad ciudadana es una de las constantes en la lista de preocupaciones de nuestra opinión pública y para evidenciarlo están frescos los datos que arrojó un exhaustivo estudio de opinión pública que hicieron el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. En gruesos trazos de resultados hay pocas sorpresas: por ejemplo, es congruente con nuestra percepción de inseguridad el que 65 de cada 100 habitantes consideren que el país como un todo es poco o nada seguro, pero al mismo tiempo que 63 de cada 100 estimen que el barrio en el que viven es seguro o muy seguro. Lo que sucede es que ver el vaso medio lleno aquí no es consuelo. Lo cierto es que 37 de cada 100 viven inseguros en sus casas. ¿Qué calidad de vida tiene casi el 40 % de nuestra población? Otro resultado acorde con lo esperado es que sean las mujeres las más vulnerables frente a su seguridad, pues ellas perciben muy alto el temor de ser víctimas de un delito respecto de ello

El paisaje habitual en la frontera sur, en la ciudad capital, en las cercanías de las fronteras del norte (Peñas Blancas y Tablillas) está signado por la presencia de familias venezolanas. Es difícil saber cuántos de ellos están transitando en este momento por nuestro territorio. Migración estima que están ingresando más de dos mil diariamente. El drama es de tal magnitud, genera tal reacción de impotencia, que instintivamente volvemos a ver hacia otro lado para no encarar el dolor que causa verlos, constatar en su miseria los girones de la esperanza que los mantiene en pie. El instinto de supervivencia que los sostiene. Lo peor es saber que su caminar hacia Estados Unidos es una utopía. Aunque hayan logrado pasar el Tapón del Darién, aunque pudieran conseguir los $150 dólares de peaje que les cobran en Nicaragua por pasar, no serán admitidos en ese país. Su destino ahora -lo sepan o no- es México. El gobierno del Presidente Joe Biden anunció la semana pasada una nueva e inimaginable política migratoria qu

De todos los tipos de cáncer, el de mama constituye la principal causa de mortalidad de las mujeres en el mundo; especialmente en los países de renta media y de ingresos bajos. En el 2020, 685 mil féminas fallecieron por este mal. Protuberancias o hundimientos en los senos o en los pezones, erosiones en la piel, venas crecientes, endurecimientos, asimetrías en el tamaño, salida de fluidos, enrojecimientos, cambios en la textura de la piel o bultos internos, son las manifestaciones más comunes de alerta respecto de la posible aparición de un cáncer mamario. En Centro América y México, Costa Rica ocupa el primer lugar en la tasa de mortalidad por este padecimiento, que en el 2020 arrebató la vida a 427 mujeres, de las cuales más de la mitad (56%) estaban en la plenitud de su existencia (entre 30 y 69 años) y esto refiere el inmenso costo socio-familiar de pérdida de mujeres, madres y abuelas en el país. Se trata indudablemente de muertes prematuras. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la meta

Tristemente nos hemos convertido en una sociedad a la que le cuesta mucho mirar a lo lejos. Poner luces largas para definir rutas de mayor horizonte. Y vivimos, por tanto, con luces cortas, solo viendo lo que está al frente. Y no es que lo inmediato no sea importante; es solo que no puede ser lo único. Las terapias de conversión sexual, por ejemplo, son una prueba de lo que decimos. Un debate se abre y nos distrae con tipo de artificios y de sesgos moralistas que poco o nada tienen que ver con políticas públicas urgentes para resolver problemas estructurales, pero que consumen nuestra atención y peor aún, la de los tomadores de decisiones. Así que vamos con lo del día: por un lado, la restauración del uso de mascarillas en centros educativos y transporte público. Tarde, pero bien. Por otro, en el Poder Judicial, tardísimo también, pero muy importante, por fin el lunes próximo la Corte Plena escogerá (si logran ponerse de acuerdo los magistrados, claro) al nuevo Fiscal General de la República. Hablamos de e

A falta de iniciativas serias, estructurales de transformación y modernización del gasto y del endeudamiento público, y confrontados con la necesidad de cumplir con la regla fiscal (o con lo que de ella queda) un tenebroso recorte de gasto social empieza a darse en detrimento, claro, de la salud y la educación que afectará a los más humildes y necesitados. La mayoría. Como si esto fuera poco, para cumplir con esas rigurosidades, el presupuesto ordinario de la República que los diputados examinan de cara a su aprobación a más tardar el último día de noviembre, Hacienda dejó por fuera gastos ineludibles que deberá afrontar, como por ejemplo las cuotas y otras aportaciones estatales a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuál es la idea de "engañarnos" con estos recortes y estas omisiones? La Contralora General de la República, Marta Acosta, sin traspasar las formas correctas del lenguaje político, dejó poco margen a la invención en su comparecencia la semana pasada ante la Asamblea Legislativa. Entre m

“Lo peor está por venir”. Para no dejar lugar a dudas, eso dijo esta semana Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del Fondo Monetario, en la presentación del informe periódico de perspectivas de la economía mundial. También dijo que para muchas personas el año próximo “se sentirá como una recesión”. Nadie quiere escuchar noticias tan desalentadoras. Pero no sirve de nada taparnos los oídos, y menos aún vociferar contra una crisis planetaria que amenaza con agudizarse aún más en el 2023, provocando efectos en cadena en todas partes, y por supuesto, desmejorando las condiciones de vida de millones de seres humanos. Y los datos no mienten. La economía mundial, que creció un 6 % en 2021, este año apenas alcanzará la mitad (3,2 %) y el próximo caerá a un 2,7 %. Las tres economías más fuertes del mundo, Estados Unidos, China y la Zona Euro seguirán estancadas. Y puntualmente la de Estados Unidos, que es la que más nos afecta, este año crecerá un 1.6 % y en el 23 apenas alcanzará un 1 %. El flagelo de la infl

En un espaldarazo contundente a las libertades y garantías de la libertad de prensa y acceso a la información, la Sala Constitucional le advirtió al Poder Ejecutivo que se mantendrá vigilante y que no avalará “las prácticas que obstaculizan el acceso a la información, como lo es impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad, impedir el acceso a los insumos necesarios para la divulgación, entre otras variables relacionadas con la censura directa o indirecta”. En la decisión unánime de los magistrados de acoger parcialmente con lugar un recurso planteado por Hablando Claro contra la Ministra de Comunicación y el Director de Comunicación de la Presidencia de la República, la Sala IV les obliga a responder de manera concreta si, en efecto, como lo planteo y lo sostiene Hablando Claro, la entonces jerarca de Comunicación de la Administración Chave

Suspender el curso lectivo por cuatro días en todo el país podría haber sido una medida útil para ayudar a bajar el contagio de infecciones respiratorias agudas en niños, niñas y adolescentes. Podría, sí. Pero definitivamente, el criterio experto señala que la medida de manera aislada, anunciada atropelladamente y sin el conjunto de otras acciones y especialmente de una campaña a padres y encargados adultos, no conduce lamentablemente más que a un perjuicio a la comunidad estudiantil que profundiza los menoscabos y debilidades de un curso lectivo que está muy lejos de apuntalar la necesidad de revertir los déficits que arrastramos desde el 2018 en el sistema, especialmente el público. No hay duda que la salud es el bien supremo a proteger. Por lo tanto, no es de recibo decir que si se cuestiona la decisión del Ministerio de Salud de interrumpir el curso como se hizo el lunes en la noche, sin coordinación y sin diseminación informativa alguna, es porque no se avala la necesidad de disminuir la severidad del p

En la Caja Costarricense de Seguro Social, podría decirse, reina momentáneamente la tensa calma. Obviamente, se trata de un “mientras tanto”. Mientras se define el pendiente del ajuste salarial prometido a sus 54 mil funcionarios. El caso es que esta misma semana la Junta Directiva podría conocer los nuevos criterios jurídicos que la también nueva presidenta ejecutiva, doña Marta Esquivel, presentaría al órgano colegiado, aunque no se sabe bien con qué propósito, dado que aunque el Mandatario Rodrigo Chaves haya dicho que el incremento no era irreversible, los sindicatos de salud argumentan que la aprobación por parte de la directiva el 8 de setiembre es un acuerdo en firme y por tanto, inalterable. El hecho, como está bien fresco aún, provocó nada más y nada menos que la destitución de don Álvaro Ramos Chaves, que solo alcanzó a permanecer en el cargo 4 meses, en lo que directivos de la entidad califican como una intromisión excesiva del gobierno central en la autonomía de la Caja. El criterio anticipado

Es innegable el poder político de los dueños de negocios alrededor de una actividad que debería tener objetivos del servicio público que por naturaleza es. El transporte público colectivo está de nuevo en la mesa de discusión por medidas políticas que, como casi siempre, le resultan favorables. Hemos visto la postergación por décadas de un modelo que priorice el servicio público, el desdén a estrategias como la sectorización o el pago electrónico, el rechazo a otras opciones de transporte y el acaparamiento de rutas en grupos poderosos, por no hablar del rezago del sector en la descarbonización. La última indica que los diputados podrían elevar de 15 a 20 años la vida útil de los autobuses, con la justificación de beneficiar a empresas pequeñas, pero concediéndole también grandes beneficios a los grupos más fuertes, los que mueven a la mayoría de los 1,6 millones de pasajeros cada día. Y las alertas han saltado ya. Mucho tiene que ver con el poderoso lobby autobuseros, pero este es también consecuencia de

La tasa de asesinatos en Limón supera a la de los países del denominado triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) con 33 por cada 100.000 habitantes, el triple del ponderado nacional. Lamentablemente la noticia no sorprende, pero por supuesto preocupa mucho, sobre todo porque lejos de disminuir, este año parece que superará la estadística del 2021. El narcotráfico y el crimen organizado aceleran los homicidios en territorios donde, como sabemos, la pobreza ha preparado antes el terreno con particular énfasis en zonas costeras y fronterizas. No por casualidad es Puntarenas la segunda provincia en tasa de homicidios con 20,8, según cifras del OIJ para lo que llevamos del 2022. El indicador para efectos nacionales es "relativamente estable", según el director del OIJ, Wálter Espinoza, considerando lo ocurrido en los últimos cinco años, pero reconociendo que hay mayores problemas en ciertas zonas, como los cantones de La Cruz y San Carlos, además de las dos provincias costeras, mientr

Estilos presidenciales aparte, en Costa Rica es la Asamblea Legislativa la que puede materializar las decisiones políticas de calado, sean urgentes o de largo plazo. Otra cosa es que los diputados no siempre lo hagan con la responsabilidad debida y que en ocasiones sus resultados sean pobres, pero la tarea reside ahí en Cuesta de Moras. Buena parte de ese trabajo corresponde a las fuerzas opositoras, que en la balanza pesan más que el oficialismo desde hace varios gobiernos. De ellas depende casi todo lo que plantea el Ejecutivo, sean 'eurobonos', reforma de la regla fiscal o venta del BCR, pero también las iniciativas que nace ahí en el Legislativo, como el polémico proyecto que estira la vida útil legal de los autobuses. Una de las fuerzas relevantes en esa discusión es la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con sus 9 diputados, ahora enfrentados a discusiones críticas en un momento político en que la población parece demandar más de las bancadas opositoras, para que equilibre los ímpetus del Gobie

Costa Rica supera con nota favorable la tercera revisión del FMI al acuerdo de ajuste fiscal, pero el entorno abunda en riesgos y la perspectiva es de una desaceleración de 4,4 puntos en el crecimiento económico al finalizar el año completo 2022, pese al primer semestre positivo. En este escenario, la misión técnica del FMI, que trabajó en las últimas dos semanas, da el "ok" para un tercer desembolso del crédito aprobado en 2021 por un total cercano a los $1.800 millones y abre la puerta para otro paquete de financiamiento, este por $710 millones que provendrían de un nuevo fondo para políticas de sostenibilidad. La luz verde para estos fondos llega de la mano con el señalamiento de la necesidad "urgente" de fortalecer la gestión de la deuda y otras advertencias ligadas al mantenimiento de la regla fiscal, frente a las propuestas del Gobierno de modificarla para tener más holgura de gasto. Mientras, la misión del FMI evita tomar posición sobre el proyecto de privatización del BCR y solo hace unas observaci

¿Alguien puede prever dónde están los límites para el grupo de poder de Daniel Ortega? A los actos despiadados contra ciudadanos nicaragüenses se suman las acciones de confrontación contra poderes globales como la Unión Europea, al punto de expulsar de Nicaragua a la embajadora comunitaria, o cortar relaciones con Países Bajos, en la última semana. La UE anuncia que responderá de manera "firme y proporcionada" a los pasos desproporcionados del gobierno de Managua; agrega que Managua se aísla al hasta colocarse en posiciones que podrían jugarle en contra, pero el manual de la lógica política parece imposible de aplicar sobre Ortega y los suyos. Mientras tanto, conocemos de la huelga de hambre de la histórica dirigente Dora María Téllez y otros 20 presos políticos, una acción de protesta extrema ante la tortura de la que son víctimas por el aparato represivo de Ortega, a las que no tienen acceso los organismos internacionales de verificación. Es difícil no llamar "aislamiento" a lo que Ortega logra, aunque u

El gran Brasil se enfrentó este domingo en las urnas a una contradicción mayúscula. El retorno de Lula, un símbolo de la izquierda, o la profundización del bolsonarismo derechista, del nuevo populismo y sus consecuencias. Era la vuelta de aquel dirigente del pueblo que ahora arrastra también el peso de los casos de corrupción, o la luz verde para el presidente de formación militar que ha construido su liderazgo a base de confrontación y de exabruptos. Es posible comprender la ansiedad que cundía este domingo en las largas filas de electores, como tampoco es difícil entender la atención que la comunidad internacional da a lo que ocurra en el gigante de Latinoamérica. Su economía, pero también su solvencia democrática están bajo la mira. Las encuestas favorecían a Lula, los cuestionamientos al sistema de conteo electrónico venían de Bolsonaro, el peso de los dinámicos sectores evangélicos era un factor del proceso y lo ha sido también la desigualdad, aunque sería falso afirmar que los ricos apoyaban a uno y l

Se celebra este sábado 1° de Octubre el Día Internacional de las Personas Mayores, esa población que en Costa Rica representa el 13% de los habitantes, con un enfoque mundial de "la resiliencia de las personas mayores en un mundo cambiante". Se trata de segmento creciente en Costa Rica, al punto de proyectarse que en el 2050 será un grupo ya no de 663.000 personas, sino de 1,2 millones, en un mundo de cambios acelerados por las tendencias y eventos de choque como la pandemia, tras la cual se proyecta una reducción en nuestra alta esperanza de vida. No es población en el retiro, lo hemos aprendido con campañas de los últimos años y con la realidad de cada día, pero aún falta trabajo para que el resto de la sociedad se amolde a sus aportes y sus demandas, propiciando condiciones de bienestar en lo físico, lo emocional y lo económico. Ese enfoque integral han ido adoptando las autoridades públicas en materia de salud desde el hospital Raúl Blanco Cervantes en alianza con grupos civiles que promueven un activi

Grandes expectativas rodeaban en 2008 la creación del Sistema de Banca de Desarrollo (SBD), en momentos de presiones económicas internacionales y de dificultades de acceso al crédito local regular. Después llegaron años de cierta estabilidad, cuatro gobiernos, una pandemia y los fuertes trastornos para la economía internacional que ahora viven los hogares y los negocios en su cotidianidad. Ahora, con presiones y desafíos mayores que los observados 14 años atrás, el reporte indica que el SBD ha beneficiado con créditos a más de 60.000 unidades productivas, de las cuales un 37 % nunca había tenido financiamiento del sistema financiero nacional. Las pymes, que forman el 97 % del total de empresas, han captado ₡857.000 millones, a pesar de barreras al acceso expedito de los clientes en ventanillas y a pesar de la necesidad de mayores fuentes de recursos y a la necesidad de apalancamiento internacional o de ampliación de la participación de bancos privados. Ahora el SBD debe recibir cambios para adaptarse a los

Se llama Orlando Aguirre Gómez y acumula 46 años de carrera judicial, con 30 como magistrado y a estas alturas, con 79 años de edad, toma el cargo de presidente del Poder Judicial en momentos complejos. Está lejos de ser un presidente de consenso. Más parece la opción de emergencia ante las dificultades de un proceso de elección en que la Corte Plena dejó ver muchos otros factores de fondo. Está en juego la imagen del Poder Judicial, la disposición de sus autoridades ante las demandas ciudadanas viejas (los enormes tiempos de espera) y nuevas (la exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas, entre otras), en un contexto de fuerte estrechez presupuestaria para todo el aparato público y con un nuevo entorno político alrededor. Con el magistrado Aguirre en su nuevo cargo de presidente y con Evelyn Villarreal, coordinadora del informe Estado de la Justicia, ahondamos en las circunstancias del Poder Judicial en nuestro Hablando Claro.

En el intento número 19, los magistrados de la Corte Plena lograron elegir a su presidente y del Poder Judicial completo. Tras negociaciones internas, pulsos privados, debate sobre la publicidad de las votaciones y el retiro de la candidatura de Luis Fernando Salazar, la mayoría de votos resultó suficiente para llevar a la Presidencia a Orlando Aguirre, miembro de la Sala Segunda, con una carrera judicial de más de cuatro décadas. Queda conocer el liderazgo de Aguirre y sus planes para el ejercicio del cargo, pero el proceso de su elección, las fuerzas internas y el momento crítico del Poder Judicial se imponen como temas de fondo. Lo sabe muy bien Fernando Cruz, que dejó ese puesto en julio advirtiendo que el futuro no es halagüeño, en alusión a señalados intentos por golpear la independencia judicial y su credibilidad. Con el magistrado Cruz repasamos la elección y sus circunstancias en Hablando Claro.

Viéndose en problemas, Vladímir Putin se sintió en la obligación de doblar la apuesta militar para intentar mantener el equilibrio de resultados en Ucrania, aunque ello parece haber provocado el desequilibrio interno en Rusia, donde abundan las fotografías de cientos de personas tratando de huir a otros países antes de que Moscú los reclute para la aventura de la guerra. Las maniobras de Putin repercuten también externamente, si no que lo digan los alemanes al pagar mucho más cara la energía de sus hogares por la escasez del gas al cortar el ducto ruso, mientras con temor ven venir el invierno y el riesgo de no tener cómo contrarrestar el frío. En otros países cercanos también sienten los efectos aun cuando acontecimientos de otro orden los mantienen ocupados. Por ejemplo, los ingleses aún tantean al nuevo gobierno y la vida "post Isabel II", en Suecia se instala la extrema derecha y en Italia se aprestaban este domingo a conocer a su nueva presidenta procedente de los reductos fascistas. Aquí lo miramos d